La sagrada transición

Llevamos más de tres décadas oyendo la misma cantinela: nuestra sagrada transición era un modelo de libro. La transición es aquel proceso según el cual los mismos que habían sostenido al franquismo pasaron a sostener la democracia simplemente cambiando la chaquetilla blanca de los consejeros nacionales del Movimiento por el chaqué o el traje oscuro de las aperturas parlamentarias y de las recepciones reales. Los mismos que alentaban las actuaciones del Tribunal de Orden Público y firmaban sus sentencias pasaron a dictar justicia democrática. Los mismos que mandaban que te molieran a palos si te manifestabas pasaron a defender los derechos ciudadanos con sólo cambiar el color del uniforme: del gris al marrón y luego al azul.

Resultaba enternecedor ver cómo los antiguos perseguidores cedían el paso a los antiguos perseguidos en el Congreso de los Diputados, o en el Senado. Algunos lloraron de emoción ante la foto aquella en la que Pasionaria descendía las escaleras del Congreso del brazo de Rafael Alberti. Ha llegado el momento del perdón, proclamaban los comunistas, por boca de Santiago Carrillo y su eurocomunismo. Nunca sabremos si los partidos de izquierda fueron ingenuos, generosos o ciegos. Javier Cercas ha novelado una aproximación a tres figuras paradigmáticas –Adolfo Suárez, General Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo- que ilustra el enamoramiento mutuo de aquellos días. El hecho es que en el intervalo de pocos meses todo cambió para que todo quedara como estaba.

Los banqueros y los empresarios que habían financiado y se habían enriquecido con los negocios de la dictadura pasaron a ser demócratas de toda la vida sin que nadie pusiera en cuestión la forma ni la cuantía de su enriquecimiento. Los periodistas que habían jaleado las persecuciones a sindicalistas y estudiantes y habían alabado las ejecuciones del franquismo pasaron a dictar lecciones de democracia. Ninguno perdió su puesto. Como no lo perdieron los militares que se habían levantado contra el sistema legal, ni los policías que habían torturado a quienes se atrevían a pensar contra el régimen. Estábamos protagonizando una travesía del desierto modélica, nos repetían, la sagrada transición. Nadie se vio en la necesidad de reconocer que alguna culpa tendría cuando la dictadura pudo mantenerse durante 36 años y el dictador pudo morir en su cama. Como por arte de magia todos nos convertimos en demócratas de toda la vida. Nadie advirtió a los ciudadanos de la diferencia radical entre un estado de derecho y una democracia orgánica, como se definía el franquismo. Parece que tampoco advirtieron a las elites.

Muchos creyeron que bastaba la muerte del dictador para convertir en democrática a una sociedad socavada y corroída por años de corruptelas. Ahora se ve el resultado.  Los partidos, llamados a vertebrar la sociedad, se convirtieron pronto en refugio de pícaros, en un ejercicio de picaresca. Algo parecido puede decirse de los sindicatos y de las organizaciones empresariales.

Mantener esas estructuras organizativas es caro, muy caro, especialmente cuando desde ellos se impulsa el clientelismo. No bastan las muy abultadas subvenciones públicas. Se necesita una afluencia constante de dinero. No importa la procedencia, no importa la contrapartida. Es preciso mantener “la empresa”. A los “carromeros”, a los gastos de representación, a las fundaciones, que ofrecen refugio a los desplazados por las urnas.

Raro es el partido que se libra de ese mal. Como ya advirtió Fraga Iribarne (otro demócrata de toda la vida), todos los partidos están tocados del mismo mal. A CiU le ronda la sospecha desde los tiempos de Pujol, que Maragall verbalizó en sede parlamentaria: la mordida del 3%. Unió Democrática acaba de llegar a un acuerdo extrajudicial que reconoce su cuota de financiación irregular. El PP arrastra diversos procedimientos judiciales que en ocasiones han concluido en el sobreseimiento por ese arte que asiste a la derecha española, que siempre ha sido dueña del poder, de la justicia y del dinero. El PSOE pasó ya su calvario particular con la financiación irregular a finales de los 90 y ahora le vuelve a tocar al PP. 

Los ciudadanos tenemos derecho a esperar algún gesto de reconocimiento del error, de la culpa. Lejos de eso, comprobamos cómo los banqueros se van de rositas y ponen a resguardo en paraísos fiscales el dinero ganado de mala manera. Comprobamos que, mientras se bajan los salarios y se eliminan pagas extras a los funcionarios, hay un flujo de dinero negro que llega sin problemas a gente avisada que, sin embargo, se manifiesta orgullosa de su posición. Valencia, Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León están trufadas de procesos por corrupción.

Se diría que sólo quien se cobija bajo el poder político tiene derecho a vivir dignamente, a prosperar empresarialmente, profesionalmente. La Encuesta de Población Activa arroja unos datos críticos. Cerca de seis millones de parados, en más de 1.800.000 hogares ninguno de sus miembros trabaja. El procedimiento de desalojo de viviendas se mantiene a pesar de las promesas del gobierno. Una generación de jóvenes españoles –la mejor preparada de todos los tiempos- se ve obligada a emigrar para encontrar trabajo. Esa misma generación se encuentra entrampada de por vida con una hipoteca muy superior al valor real de la vivienda que compró en momentos de supuesto esplendor. ¿Esplendor, para quién? Para quienes inflaron los precios y se llevaron las plusvalías.

Los políticos se han convertido en una casta a salvo de la justicia. No es de ahora. UCD desapareció inmerso en deudas millonarias que ningún banco se atrevió a ejecutar. El 24 de este mes se han cumplido 33 años del asesinato de los abogados de Atocha. Un crimen por el que sus autores, vinculados a la ultraderecha, tampoco pagaron. Esta es una historia que llevamos arrastrando desde que se inició la sagrada transición.